La asfixia financiera que sofoca a los Ayuntamientos requiere una solución inmediata porque no sólo afecta a la propia estabilidad de los mismos e incide en el equilibrio financiero del Estado, sino que arrastra en su deterioro a un sinfín de proveedores, algunos de los cuales se han visto ya obligados a desistir de su actividad y cerrar sus negocios o empresas.
La etiología de sus problemas es de diversa naturaleza y el deterioro de su situación económica es consecuencia en buena parte de ésos problemas a las que debió poner remedio hace mucho tiempo el Estado acometiendo una profunda y amplia reorganización de las diferentes administraciones, aclarando las competencias de cada una y dotándolas de la financiación necesaria en función de los servicios que prestan. Si a ésta añadimos que, por lo general, los presupuestos anuales de ingresos no se cubren debido, sobre todo, a la tremenda disminución de partidas como licencias de obras y la recaudación de los diferentes impuestos, muy mermada por las disponibilidades económicas de muchos ciudadanos afectados por situaciones de paro u otras circunstancias, completaremos un marco realmente desesperado.
Muchos Ayuntamientos han agotado sus límites de endeudamiento e incluso lo han rebasado para poder atender, al menos, los pagos más perentorios como nóminas y gastos corrientes. Algunos han encontrado otras fuentes de financiación, una huída hacia adelante, en forma de aplazamientos del pago de las cuotas de la Seguridad Social, impago de primas de seguros básicos y, la que es más común, desatendiendo sus deudas con proveedores, como hemos resaltado anteriormente.
Sin embargo, el hecho de reconocer éstos aspectos no evita que extendamos nuestra reflexión sobre otros elementos que inciden negativamente en el balance final de su gestión. Me refiero concretamente a las capacidades de las Corporaciones Municipales para gestionar adecuadamente sus presupuestos. Los Ayuntamientos, en el aspecto económico-financiero no dejan de ser empresas y, por tanto, están sometidos a las mismas reglas básicas de la economía. Básico es gastar únicamente los recursos disponibles prescindiendo de planteamientos surrealistas que desembocan, inevitablemente, en su quiebra hipotecando el futuro de sus ciudadanos.
Algunos parecen estar más influenciados por una obsesión inversora irracional que, según su criterio, les permitiría presentar ante la ciudadanía realizaciones y mejoras en su ciudad, no siempre necesarias ni prioritarias, para mantener el poder, aunque esté quebrada su situación financiera. Sería imprescindible, por tanto, exigir de los administradores públicos unas capacidades y unos conocimientos mínimos que deberían ser imprescindibles para optar a su elección. Si a esto añadimos que muchos Ayuntamientos tienen unas plantillas sobredimensionadas y que dilapidan recursos desorbitados en partidas suntuarias (reuniones, publicidad, protocolo, asesores, festejos…..) como si la penuria económica que padecemos no les afectara, no podemos por menos que admitir que resulta urgente alcanzar un pacto de Estado para remediar ésta situación.
